Más que una franquicia: el ecosistema laboral que existe detrás de SENCE

Por Carlos Caro Aguilera
Project Manager – Grupo OTEC
CONTACTO@GRUPOOTEC.CL – www.grupootec.cl

Cuando se habla de la posible eliminación de la franquicia tributaria SENCE, muchas veces la discusión se concentra en una sola dimensión: cuánto recaudaría el Estado si las empresas dejan de descontar parte de sus gastos de capacitación de sus impuestos.

Esa mirada es importante, pero incompleta.

Detrás de la franquicia SENCE no existe solo un mecanismo tributario. Existe un ecosistema completo de trabajo, servicios, conocimientos, experiencia, instituciones y personas que durante años se han organizado en torno a la capacitación laboral en Chile.

Ese ecosistema no apareció de un día para otro. Se fue construyendo con normas, requisitos, procedimientos, plataformas, sistemas de gestión, experiencia técnica y relaciones entre empresas, organismos capacitadores, trabajadores y el Estado.

Por eso, cuando se plantea eliminar la franquicia, no solo se está modificando una regla tributaria. Se está alterando la base económica de una industria completa.

En ese ecosistema participan las OTEC, que diseñan y ejecutan cursos de capacitación. Participan las OTIC, que administran recursos de capacitación y vinculan a empresas con programas formativos. Participan relatores, facilitadores, tutores, diseñadores instruccionales,
coordinadores académicos, equipos administrativos, proveedores tecnológicos y
plataformas de formación.

También participan certificadoras, consultores, implementadores y auditores vinculados a la norma NCh 2728:2015, que es un requisito clave para que los organismos técnicos de capacitación puedan operar formalmente como OTEC. A eso se suman proveedores asociados a becas laborales, servicios logísticos, arriendo de salas, materiales de enseñanza, plataformas
e-learning, sistemas de asistencia, evaluación y trazabilidad.

Es decir, no estamos hablando de un beneficio aislado. Estamos hablando de una red productiva y laboral.

Y esa red está compuesta por personas.

Personas que trabajan preparando cursos, haciendo clases, auditando procesos, diseñando material, certificando sistemas, administrando documentación, gestionando relatorías, coordinando alumnos, implementando plataformas, evaluando competencias, ejecutando becas y respondiendo ante exigencias normativas.

Muchas de esas personas no aparecen en la discusión pública. No son grandes empresas ni actores políticos. Son profesionales independientes, relatores especializados, administrativos, consultores, auditores, técnicos, diseñadores, ejecutivos comerciales y equipos pequeños que
dependen de que exista demanda por capacitación.

Por eso, reducir el debate a “la franquicia cuesta mucho” o “la franquicia tiene abusos” es insuficiente. Puede ser cierto que el sistema requiera mejoras. Puede ser cierto que existan cursos de bajo impacto. Puede ser cierto que haya que fortalecer controles, medir resultados y exigir mayor pertinencia. Pero eso no borra el hecho de que alrededor del sistema
existe una capacidad instalada real.

Y esa capacidad instalada también tiene valor para el país.

Cuando una empresa necesita capacitar en seguridad, ventas, logística, operación de maquinaria, atención al cliente, liderazgo, tecnología, prevención de riesgos o competencias laborales, no parte desde cero. Existe una red de proveedores que conoce el sistema, entiende los procedimientos, tiene relatores, dispone de plataformas, cumple requisitos y puede ejecutar programas en distintos territorios.

Esa red puede tener fallas, pero también tiene experiencia.

El punto central es que, si la franquicia se elimina sin transición ni reemplazo, muchas empresas podrían reducir su inversión en capacitación. Y si baja la demanda por capacitación, el impacto no solo lo sentirán las empresas que capacitan o los trabajadores que dejan de acceder a cursos. Lo sentirá toda la cadena.

Las OTEC con alta dependencia de franquicia podrían ver caer sus ingresos. Las OTIC podrían perder parte de su función tradicional. Los relatores tendrían menos cursos donde participar. Las certificadoras tendrían menor demanda por nuevas certificaciones. Los consultores NCh 2728
verían reducirse los procesos de implementación. Los auditores enfrentarían menos procesos de mantención. Los proveedores de becas laborales podrían perder actividad. Y muchas personas que trabajan de manera independiente quedarían expuestas a una disminución brusca del mercado.

Ese es el aspecto que muchas veces no se está mirando.

Una política pública no solo debe evaluar el costo fiscal de un instrumento. También debe medir sus efectos indirectos, sus encadenamientos productivos y sus consecuencias laborales.

Si el Estado considera que la franquicia debe modificarse, entonces debe explicar qué ocurrirá con ese ecosistema. ¿Habrá un mecanismo alternativo? ¿Se mantendrá algún incentivo para Pymes? ¿Habrá programas de capacitación focalizados en sectores críticos? ¿Se fortalecerán
las becas laborales? ¿Qué rol cumplirán las OTEC? ¿Qué ocurrirá con los relatores? ¿Cómo se protegerá la formación en regiones? ¿Qué pasará con la certificación de calidad exigida al sector?

Estas preguntas no buscan defender todo tal como está. Al contrario, son preguntas necesarias para reformar bien.

Porque una reforma responsable no consiste solo en eliminar lo que funciona mal. También debe cuidar lo que sí funciona, corregir lo que está débil y reconducir las capacidades existentes hacia objetivos de mayor impacto.

Chile necesita mejorar su sistema de capacitación. Necesita cursos más pertinentes, mayor conexión con el empleo, mejores indicadores de resultado, formación en oficios críticos, reconversión laboral, certificación de competencias y una oferta alineada con los desafíos
productivos del país.

Pero para lograr eso no conviene destruir de golpe el ecosistema existente. Conviene transformarlo.

La discusión debería pasar desde “eliminar o mantener” hacia una pregunta más seria: cómo aprovechamos la experiencia instalada para construir un mejor sistema de capacitación laboral.

Las OTEC, OTIC, relatores, certificadoras, auditores, consultores y proveedores no deberían ser vistos solamente como parte de un gasto tributario. También son parte de una infraestructura
formativa que el país podría necesitar, especialmente si hablamos de reconstrucción, empleabilidad, productividad y desarrollo regional.

El desafío es separar lo que debe corregirse de lo que debe preservarse.

Si hay abusos, deben terminar. Si hay cursos sin impacto, deben salir del sistema. Si hay intermediaciones que no agregan valor, deben revisarse. Si hay recursos públicos involucrados, debe haber trazabilidad, transparencia y evaluación.

Pero si hay capacidades reales, experiencia territorial, formación útil y redes que permiten capacitar a miles de personas, entonces no corresponde eliminarlas sin una alternativa clara.

Detrás de la franquicia SENCE hay más que una norma tributaria. Hay una industria, hay empleos, hay conocimiento acumulado y hay personas que han dedicado años a la formación laboral.

Por eso, cualquier decisión debe considerar no solo el ahorro fiscal, sino también el costo productivo y humano de desarmar un ecosistema completo.

La capacitación laboral en Chile necesita cambios. Pero esos cambios deben hacerse con responsabilidad, transición y visión de futuro.

Porque cuando se debilita la capacitación, no solo pierde una industria. También pierde el país.