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Tras la reciente firma de la Ley Miscelánea por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast, y su ingreso a una fase de tramitación avanzada, se abre un nuevo escenario para el sistema de capacitación laboral y el desarrollo del capital humano. En particular, la eliminación de la franquicia tributaria SENCE no constituye solo un ajuste al sistema, sino un cambio estructural de alto impacto, cuyas consecuencias deberán ser evaluadas con la mayor rigurosidad.

Hoy, la franquicia SENCE permite a las empresas destinar hasta un 1% de su planilla de remuneraciones a capacitación, movilizando cerca de US$300 millones anuales y beneficiando a más de un millón de trabajadores al año. Se trata, sin duda, del principal instrumento de formación continua en el país.

En Grupo OTEC creemos que eliminar este mecanismo no es una decisión menor. Es, potencialmente, uno de los errores más graves en política de capital humano de las últimas décadas. El impacto de una medida de este tipo no se reflejará únicamente en el presupuesto fiscal, sino en variables estructurales como la productividad, la competitividad, la empleabilidad y el crecimiento económico.

Como uno de los principales riesgos de la reforma, vemos el paso desde un sistema de acceso relativamente directo a uno basado en fondos concursables. Esta transformación restringe significativamente la participación de pequeñas y medianas empresas, que hoy utilizan la franquicia como principal herramienta para capacitar a sus equipos. No es un dato menor: las pymes representan más del 98% del tejido empresarial chileno y concentran entre el 50% y el 70% del empleo formal. 

En la práctica, reducir su acceso a la capacitación implica limitar a su vez el desarrollo de una parte significativa del mercado laboral.

Y si bien es cierto que el sistema actual presenta falencias, también lo es que varias de ellas ya están siendo abordadas por medio de mejoras en control, eliminación de modalidades de baja calidad y fortalecimiento de estándares. De hecho, las propias evaluaciones del Estado no concluyen que la franquicia deba eliminarse, sino que proponen que se perfeccione. Avanzar en su eliminación sin evidencia concluyente plantea más dudas que certezas respecto al futuro de la capacitación. 

Por otra parte, la incorporación del crédito tributario al empleo abre interrogantes adicionales. En Grupo OTEC sabemos desde la experiencia que, sin incentivos claros, la capacitación pierde prioridad frente a las necesidades operativas de las empresas. Apelar a que la formación surgirá de manera espontánea, sin un marco que la promueva activamente, es desconocer el funcionamiento del mundo productivo.

A esta preocupación latente se suma la ausencia, hasta ahora, de un diseño detallado de implementación. No existe claridad sobre financiamiento, institucionalidad, mecanismos de transición ni continuidad operativa. El riesgo de eliminar primero la franquicia y estudiar después las nuevas formas de capacitación puede traducirse en una interrupción real de procesos formativos que hoy benefician a los trabajadores.

Pero más allá de los instrumentos, esta discusión refleja cómo entendemos el rol del capital humano en el desarrollo del país.

En Grupo OTEC creemos que la capacitación laboral no es un gasto prescindible, sino una inversión estratégica. Dejar de priorizarla implica, inevitablemente, limitar las posibilidades de crecimiento económico y movilidad social.

Es en este contexto que reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del capital humano en Chile. Ya sabíamos que el sistema debe evolucionar y estaremos preparados para adaptarnos a los nuevos escenarios. Sin embargo, esta evolución debe construirse con sustento en la evidencia, considerarse a nivel gradual y garantizar una visión al largo plazo que resguarde acceso, cobertura y calidad de la formación.

El desafío hoy no es menor. Por eso conviene preguntarnos, ¿cuánto le costará a Chile dejar de capacitar a cientos de miles de trabajadores al año? Porque esto no se trata solo de modificar un instrumento, sino de resguardar uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social de nuestro país.