Si se elimina la franquicia SENCE: impactos, riesgos y escenarios para el sector

Por Carlos Caro Aguilera
Project Manager – Grupo OTEC
CONTACTO@GRUPOOTEC.CL – www.grupootec.cl

En las columnas anteriores revisamos qué es la franquicia tributaria SENCE, por qué el Gobierno plantea eliminarla y cuál es el ecosistema laboral que se ha construido alrededor de este instrumento.

Ahora corresponde mirar el escenario más concreto: qué podría pasar si efectivamente se aprueba su eliminación.

La primera consecuencia sería evidente: las empresas perderían el incentivo tributario que hoy les permite descontar de sus impuestos parte de los gastos realizados en capacitación autorizada. En términos simples, capacitar seguiría siendo posible, pero ya no tendría el
mismo tratamiento tributario.

Eso puede parecer un cambio administrativo, pero en la práctica puede modificar fuertemente las decisiones de capacitación de muchas empresas.

Cuando una empresa sabe que parte del gasto en capacitación puede ser imputado como franquicia, el costo efectivo de capacitar disminuye. Eso incentiva la contratación de cursos, programas formativos, certificaciones y procesos de desarrollo de competencias. Si ese incentivo desaparece, muchas empresas podrían revisar sus presupuestos y reducir la capacitación externa, especialmente aquellas que capacitan porque el mecanismo les permite hacerlo a menor costo neto.

Por supuesto, no todas las empresas reaccionarán igual.

Algunas mantendrán sus programas de formación porque los consideran estratégicos. Empresas de sectores regulados, industrias con altos estándares de seguridad, compañías que requieren certificaciones específicas o empleadores con culturas internas de desarrollo probablemente
seguirán capacitando.

Pero otras podrían disminuir sus actividades, postergar programas o reemplazar capacitación formal por acciones internas más simples y menos estructuradas.

Ahí aparece el primer gran riesgo: que la eliminación de la franquicia no solo aumente la recaudación fiscal, sino que también reduzca la inversión privada en capacitación laboral.

Ese punto es central. Porque lo que para el Estado puede verse como mayor recaudación, para el mercado de capacitación puede significar menor demanda. Y si cae la demanda, el impacto se traslada rápidamente a toda la cadena. 

Las OTEC que dependen en gran medida de cursos financiados por franquicia serían las primeras en sentir el golpe. Tendrían que competir por presupuestos privados más restringidos, ajustar su oferta, bajar costos, especializarse o buscar nuevos mercados. Algunas podrán hacerlo. Otras no.

Las OTIC también enfrentarían un cambio profundo. Si se reduce o desaparece el flujo asociado a la franquicia, parte de su rol tradicional se debilita. Eso obligaría a redefinir su función, buscar nuevos servicios o participar en programas públicos y privados de otra naturaleza.

Los relatores y facilitadores podrían ver una baja importante en la cantidad de cursos disponibles. Esto afectaría especialmente a quienes trabajan de forma independiente y dependen de jornadas, talleres o programas contratados por OTEC. Muchos tendrían que migrar hacia capacitación corporativa directa, consultoría, formación técnica especializada, educación
online o programas públicos.

Las certificadoras, implementadores y auditores vinculados a la NCh 2728:2015 también podrían verse afectados. Si disminuye el número de OTEC activas, o si hay menos interés en crear nuevas OTEC, baja la demanda por implementación, certificación, mantención y auditorías del sistema de gestión.

Lo mismo podría ocurrir con proveedores de becas laborales, plataformas LMS, equipos de soporte, diseñadores instruccionales, servicios logísticos, arriendo de salas, generación de contenidos y gestión administrativa.

En otras palabras, el impacto no sería lineal. Sería un efecto en cadena.

Y en ese efecto en cadena hay personas, empleos y empresas pequeñas que muchas veces no aparecen en el debate público.

Por eso, el problema no es solo tributario. También es laboral, productivo y territorial.

En regiones, por ejemplo, la capacitación cumple un rol distinto al que puede cumplir en grandes centros urbanos. Muchas OTEC trabajan con comunidades, oficios, trabajadores desplazados, sectores productivos locales y programas vinculados a empleabilidad. Si el sistema se
reduce sin reemplazo, regiones con menos oferta formativa podrían quedar más expuestas.

También hay que considerar el efecto sobre las Pymes. Las grandes empresas pueden tener departamentos internos de capacitación, academias corporativas, plataformas propias o presupuesto suficiente para seguir formando trabajadores sin franquicia. Pero una Pyme
tiene menos margen. Si pierde el incentivo, probablemente capacitará menos o solo cuando sea estrictamente necesario.

Ese sería un resultado contradictorio si el objetivo país es mejorar productividad, formalidad, empleabilidad y capital humano. 

La capacitación laboral no debe entenderse como un gasto prescindible. En muchos casos es la diferencia entre un trabajador que puede adaptarse a nuevas tecnologías y uno que queda rezagado; entre una empresa que mejora procesos y una que mantiene errores; entre un sector
productivo que incorpora estándares y otro que pierde competitividad.

Por eso, si se aprueba la eliminación de la franquicia, el punto crítico será la transición.

Una eliminación abrupta podría generar cierres, despidos, pérdida de relatores especializados y debilitamiento de capacidades que después serán difíciles de reconstruir. Una transición gradual, en cambio, permitiría rediseñar el sistema, corregir abusos, focalizar recursos y orientar
la capacitación hacia resultados medibles.

No se trata de negar que la franquicia pueda tener problemas. Todo sistema de este tamaño puede tenerlos. Puede haber cursos de bajo impacto, intermediaciones discutibles, debilidades de control o falta de evaluación de resultados. Pero reconocer esos problemas no obliga
necesariamente a eliminar todo el instrumento.

Existen escenarios intermedios.

Uno sería mantener la franquicia, pero focalizada en Pymes. Otro, limitarla a sectores productivos críticos. También podría vincularse a capacitación con resultados verificables, certificación de competencias, empleabilidad, reconversión laboral o programas en regiones
afectadas por crisis productivas o emergencias.

Otra alternativa sería reemplazarla por fondos concursables, subsidios directos, formación dual, compras públicas de capacitación o programas sectoriales. Pero para que eso funcione, el nuevo modelo debe estar diseñado antes de retirar el mecanismo actual.

Eliminar primero y diseñar después sería un error.

El país necesita hacerse una pregunta seria:
¿queremos terminar con una franquicia porque tiene problemas, o queremos
construir un mejor sistema de capacitación laboral?

Si la respuesta es la segunda, entonces la discusión debe incluir a todos los actores: empresas, trabajadores, OTEC, OTIC, relatores, certificadoras, auditores, gremios, regiones, instituciones públicas y expertos en formación laboral.

Porque el futuro de la capacitación no puede definirse solo desde una planilla fiscal.

También debe definirse desde la productividad, la empleabilidad, la reconversión, la innovación y el desarrollo de capital humano.

Si la ley se aprueba sin transición ni reemplazo, el escenario más probable es una contracción del mercado de capacitación financiado por franquicia, una mayor presión sobre OTEC y OTIC, menos oportunidades para relatores y proveedores, y una reducción de la capacitación
en empresas que no tengan recursos suficientes para financiarla por cuenta propia.

Si, en cambio, se aprueba una reforma con transición, focalización y reemplazo claro, podría abrirse una oportunidad para mejorar el sistema, eliminar malas prácticas y fortalecer la capacitación que realmente genera valor.

La diferencia entre ambos escenarios es enorme.

Por eso, el debate no debería centrarse solo en eliminar o mantener. Debería centrarse en cómo evitar que una corrección necesaria termine provocando un daño mayor.

Chile necesita mejores mecanismos de capacitación, no menos capacitación. Necesita más pertinencia, más medición de resultados, más conexión con el empleo y más formación en sectores donde hay brechas reales de competencias.

La franquicia tributaria SENCE puede y debe discutirse. Pero si se elimina, el país debe saber con claridad qué viene después.

Porque cuando se corta un mecanismo de financiamiento sin preparar el reemplazo, no solo cambia una norma. Cambia la vida laboral de miles de personas que dependen de ese sistema y se debilita una infraestructura formativa que Chile todavía necesita.