El camino responsable: reformar la franquicia SENCE sin destruir capacidades instaladas

Por Carlos Caro Aguilera
Project Manager – Grupo OTEC
CONTACTO@GRUPOOTEC.CL – www.grupootec.cl

En las columnas anteriores revisamos qué es la franquicia tributaria SENCE, por qué el Gobierno plantea eliminarla, qué ecosistema laboral existe detrás de este instrumento y cuáles podrían ser los impactos si se aprueba su eliminación sin una transición adecuada.

Ahora corresponde cerrar esta serie con una propuesta de fondo: Chile no necesita una discusión simplista entre eliminar o mantener todo igual. Chile necesita una reforma seria, gradual y responsable del sistema de capacitación laboral.

La franquicia tributaria SENCE no debe ser tratada como un instrumento intocable. Como toda política pública, debe evaluarse. Si existen abusos, deben terminar. Si hay cursos que no generan valor, deben salir del sistema. Si hay intermediaciones que no agregan impacto, deben revisarse. Si los recursos no están llegando a quienes más los necesitan, el mecanismo
debe corregirse.

Pero reconocer esos problemas no significa que la única solución sea eliminar completamente la franquicia.

Una cosa es reformar. Otra muy distinta es destruir capacidades instaladas.

Durante décadas, el país ha construido un ecosistema de capacitación compuesto por OTEC, OTIC, relatores, facilitadores, certificadoras, auditores, implementadores, proveedores tecnológicos, equipos administrativos y profesionales especializados. Ese ecosistema puede tener
fallas, pero también representa experiencia, infraestructura, conocimiento
técnico y presencia territorial.

Eliminar la franquicia sin un reemplazo claro podría debilitar esa red antes de construir una nueva.

Y ese sería un error de política pública.

Si el diagnóstico es que la franquicia debe modernizarse, entonces modernicémosla. Si el problema es la falta de impacto, midamos resultados. Si el problema es la concentración del beneficio, focalicemos mejor. Si el problema son malas prácticas, fortalezcamos la fiscalización. Si el problema son cursos poco pertinentes, orientemos la capacitación hacia sectores productivos donde existen brechas reales.

El camino responsable no es eliminar primero y diseñar después. El camino responsable es diseñar la transición antes de modificar de manera drástica el mecanismo actual.

Una reforma seria podría considerar varios elementos.

Primero, una eliminación gradual o rediseño progresivo, evitando un corte abrupto que afecte a trabajadores, empresas, OTEC, relatores y proveedores. Los sistemas complejos no deben apagarse de un día para otro. Requieren etapas, plazos, reglas claras y capacidad de adaptación.

Segundo, una focalización hacia Pymes. Las grandes empresas tienen más herramientas para financiar formación por cuenta propia. Las Pymes, en cambio, suelen depender más de incentivos externos para capacitar. Si se elimina completamente la franquicia, el riesgo es que las empresas más pequeñas capaciten menos, justamente cuando más necesitan mejorar
productividad y competencias.

Tercero, una orientación hacia sectores estratégicos. Chile necesita formación en construcción, energía, logística, tecnología, cuidados, salud, minería, seguridad, servicios, digitalización y oficios técnicos. Una franquicia reformada podría priorizar áreas donde existan brechas laborales reales y demanda efectiva de empleo.

Cuarto, una mayor medición de resultados. La capacitación no puede evaluarse solo por horas ejecutadas o asistencia registrada. Debe medirse también por aprendizaje, aplicación en el puesto de trabajo, certificación de competencias, mejora de productividad, empleabilidad y movilidad laboral. Si el sistema no demuestra impacto, pierde legitimidad.

Quinto, un fortalecimiento de la certificación de competencias laborales. El país no solo necesita personas que asistan a cursos; necesita trabajadores que puedan demostrar habilidades reales. Avanzar desde la lógica de “horas de capacitación” hacia la lógica de “competencias verificables” sería una mejora sustantiva.

Sexto, una transición para el ecosistema existente. Si el Estado decide cambiar las reglas, también debe considerar cómo se reconvierten quienes han trabajado durante años dentro del sistema. OTEC, relatores, consultores, auditores y proveedores no pueden simplemente
quedar expuestos a una caída abrupta de demanda sin una ruta clara de
adaptación.

Séptimo, una mayor transparencia y control. Cualquier beneficio tributario debe tener reglas estrictas, trazabilidad, fiscalización y sanciones efectivas frente a malas prácticas. Defender la capacitación no significa defender abusos. Al contrario, quienes creemos en la capacitación debemos ser los primeros interesados en elevar los estándares del sistema.

Octavo, una discusión público-privada real. La capacitación laboral no puede diseñarse solo desde una oficina técnica ni solo desde una necesidad fiscal. Debe construirse escuchando a empresas, trabajadores, OTEC, OTIC, relatores, gremios, regiones, organismos públicos y
expertos en formación. Si el objetivo es mejorar el sistema, hay que incorporar a quienes lo conocen desde dentro.

El país necesita recaudar mejor, pero también necesita capacitar mejor.

Necesita cuidar los recursos públicos, pero también cuidar su capital humano.

Necesita corregir malas prácticas, pero también preservar las capacidades que sí funcionan.

Necesita eficiencia fiscal, pero no puede olvidar que la productividad se construye con personas preparadas.

Por eso, la pregunta de fondo no debería ser simplemente: “¿se elimina o no se elimina la franquicia?”. La pregunta correcta debería ser: ¿qué sistema de capacitación laboral necesita Chile para los próximos diez años?

Si queremos un sistema moderno, debe estar conectado con el empleo, con las necesidades de las empresas, con las brechas de competencias, con la reconversión laboral, con la digitalización, con los oficios técnicos y con la productividad.

Si queremos un sistema justo, debe permitir que trabajadores de empresas pequeñas, regiones y sectores vulnerables también accedan a formación de calidad.

Si queremos un sistema eficiente, debe medir resultados y no solo procesos.

Y si queremos un sistema responsable, no puede destruir una red completa sin tener una alternativa preparada.

La eliminación total de la franquicia puede parecer una solución rápida desde el punto de vista fiscal. Pero las soluciones rápidas no siempre son las mejores soluciones públicas. A veces generan efectos secundarios que después son mucho más difíciles de corregir.

Una reforma bien diseñada podría transformar el sistema, hacerlo más exigente, más transparente y más útil para el país. Una eliminación abrupta, en cambio, podría reducir la capacitación, afectar empleos, debilitar a las OTEC, golpear a relatores y proveedores, y dejar a muchas empresas sin incentivos para formar a sus trabajadores.

No se trata de defender privilegios. Se trata de defender una idea básica: la capacitación laboral es una herramienta de desarrollo.

Y si esa herramienta necesita ajustes, hagámoslos bien.

Reformar la franquicia SENCE puede ser una oportunidad. Pero solo si se hace con evidencia, gradualidad, diálogo y visión de futuro.

Chile no necesita menos capacitación. Necesita mejor capacitación.

No necesita cerrar caminos de formación. Necesita abrirlos con más pertinencia, más calidad y más impacto.

No necesita desarmar su ecosistema formativo. Necesita transformarlo.

Porque el verdadero desafío no es eliminar una franquicia. El verdadero desafío es construir un sistema de capacitación laboral que esté a la altura de las necesidades del país, de las empresas y, sobre todo, de los trabajadores.