La mirada del Gobierno: ahorro fiscal, eficiencia y cuestionamientos al sistema

Por Carlos Caro Aguilera
Project Manager del Grupo OTEC
www.grupootec.cl

En la primera parte de esta serie revisamos qué es la franquicia tributaria SENCE, cómo funciona y por qué no debe confundirse con un descuento al sueldo de los trabajadores. Ahora corresponde mirar el otro lado del debate: por qué el Gobierno propone eliminarla.

Toda discusión seria debe partir reconociendo que el Estado tiene derecho y también el deber de revisar el uso de los recursos públicos. Una franquicia tributaria no es un subsidio directo, pero sí representa un menor ingreso fiscal. Es decir, cuando una empresa descuenta de sus impuestos un gasto en capacitación autorizado, el Estado deja de recaudar ese monto.

Desde esa perspectiva, el Gobierno observa la franquicia SENCE como un gasto tributario relevante. La lógica oficial es simple: si el sistema tiene alto costo fiscal, baja efectividad o espacios de mal uso, entonces corresponde revisarlo.

Ese argumento no debe ser descartado de plano. Ningún instrumento público puede
quedar fuera de evaluación. Si hay cursos que no generan impacto, si existen
prácticas administrativas que no agregan valor, si el beneficio se concentra en
ciertos grupos de empresas o si la capacitación no se traduce en mejores
competencias laborales, el sistema debe ser corregido.

El problema no está en evaluar. El problema está en decidir si la solución correcta es eliminar completamente el instrumento.

Para el Gobierno, la eliminación de la franquicia permitiría aumentar la recaudación fiscal. En términos simples, si las empresas ya no pueden descontar de sus impuestos parte de lo que gastan en capacitación, entonces pagan más impuestos. Eso genera más recursos para el Estado, que podrían destinarse a otras prioridades fiscales.

Visto desde Hacienda, el razonamiento es comprensible: en un contexto de presión fiscal, reconstrucción, necesidades sociales y búsqueda de eficiencia del gasto público, todos los beneficios tributarios pasan a estar bajo revisión.

Sin embargo, mirar la franquicia solo como un menor ingreso fiscal es observar una parte del problema, no el problema completo.

La franquicia tributaria SENCE no es únicamente una línea contable. Es también un mecanismo que ha incentivado a miles de empresas a capacitar trabajadores, contratar relatores, vincularse con OTEC, usar OTIC, financiar becas laborales y sostener programas formativos en distintos sectores productivos.

Por eso, cuando se plantea su eliminación, la pregunta no puede ser solamente cuánto recauda más el Estado. También hay que preguntar qué se pierde, qué se reemplaza y qué efectos se generan en el mercado laboral.

Si el diagnóstico del Gobierno es que la franquicia tiene fallas, entonces hay varias alternativas posibles: reformarla, focalizarla, restringirla a sectores estratégicos, orientarla a Pymes, exigir medición de impacto, vincularla a empleabilidad o fortalecer los controles. Todas esas opciones forman parte de una discusión razonable.

Pero eliminarla sin un instrumento alternativo claramente diseñado puede producir un vacío.

Ese vacío afectaría a distintos actores. A las empresas que usan la franquicia para formar trabajadores. A las OTEC que dependen de la demanda de capacitación. A los relatores y facilitadores que trabajan en terreno. A las OTIC que administran recursos y programas. A los trabajadores que acceden a formación. Y también a las regiones donde la capacitación cumple un rol importante para reconversión, empleabilidad y
productividad.

Aquí aparece una tensión de fondo: el Gobierno puede tener razón al decir que la franquicia necesita revisión, pero eso no significa automáticamente que su eliminación total sea la mejor política pública.

Una cosa es corregir abusos. Otra cosa es desarmar un sistema completo.

Una cosa es exigir más impacto. Otra cosa es reducir los incentivos para que las empresas capaciten.

Una cosa es modernizar la formación laboral. Otra cosa es dejar sin transición a un ecosistema que se ha construido durante décadas.

El debate, por lo tanto, no debería plantearse entre quienes quieren mantener todo igual y quienes quieren eliminar todo. Esa es una falsa dicotomía. La verdadera pregunta es cómo avanzar hacia un sistema de capacitación más eficiente, más transparente y más conectado con las necesidades reales del país.

Si la franquicia actual tiene problemas, corresponde identificarlos con precisión. ¿Dónde están los abusos? ¿Qué tipo de cursos no generan valor? ¿Qué empresas concentran el beneficio? ¿Qué sectores sí muestran resultados? ¿Qué mecanismos funcionan y cuáles deben terminar? Sin esas respuestas, la eliminación completa puede transformarse más en una decisión fiscal que en una política seria de capital humano.

Chile necesita recaudar, pero también necesita formar trabajadores. Necesita cuidar los recursos públicos, pero también mejorar productividad. Necesita evitar abusos, pero también proteger capacidades instaladas. Necesita eficiencia fiscal, pero no puede perder de vista que la capacitación laboral es parte esencial del desarrollo económico.

Por eso, la mirada del Gobierno debe ser escuchada, pero también complementada con una visión más amplia.

Si el objetivo es usar mejor los recursos, perfecto: evaluemos, corrijamos y modernicemos. Pero si el resultado práctico es que miles de empresas capaciten menos, que trabajadores accedan a menos formación y que se debilite un ecosistema completo sin reemplazo claro, entonces el costo puede ser mucho mayor que el ahorro inicial.

La discusión no debe ser si la franquicia tributaria SENCE es intocable. No lo es. La discusión debe ser si Chile puede permitirse eliminarla sin una transición responsable y sin un nuevo modelo que asegure capacitación laboral efectiva, pertinente y medible.

Porque cuando se habla de eficiencia, no basta con mirar cuánto deja de gastar el Estado. También hay que mirar cuánto deja de aprender el país.