Ayer, el diario La Tercera (edición del 14 de mayo de 2026, disponible en latercera.com) publicó una noticia que debería encender todas las alertas del ecosistema de capacitación laboral en Chile.
El Ministerio del Trabajo confirmó que, en el marco del ajuste fiscal solicitado por Hacienda, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) absorberá el 88% del recorte total del ministerio. En términos concretos, eso equivale a una reducción del 45% de los recursos que el Sence tenía previstos para 2026.
No es un ajuste menor. Es una contracción de casi la mitad del presupuesto operativo de la principal institución pública dedicada a la formación laboral del país.
En las columnas anteriores revisamos qué es la franquicia tributaria SENCE, por qué el Gobierno plantea eliminarla, qué ecosistema laboral existe detrás de este instrumento y cuáles podrían ser los impactos si se aprueba su eliminación sin una transición adecuada.
Ahora corresponde cerrar esta serie con una propuesta de fondo: Chile no necesita una discusión simplista entre eliminar o mantener todo igual. Chile necesita una reforma seria, gradual y responsable del sistema de capacitación laboral.
La franquicia tributaria SENCE no debe ser tratada como un instrumento intocable. Como toda política pública, debe evaluarse. Si existen abusos, deben terminar. Si hay cursos que no generan valor, deben salir del sistema. Si hay intermediaciones que no agregan impacto, deben revisarse. Si los recursos no están llegando a quienes más los necesitan, el mecanismo
debe corregirse.
En las columnas anteriores revisamos qué es la franquicia tributaria SENCE, por qué el Gobierno plantea eliminarla y cuál es el ecosistema laboral que se ha construido alrededor de este instrumento.
Ahora corresponde mirar el escenario más concreto: qué podría pasar si efectivamente se aprueba su eliminación.
La primera consecuencia sería evidente: las empresas perderían el incentivo tributario que hoy les permite descontar de sus impuestos parte de los gastos realizados en capacitación autorizada. En términos simples, capacitar seguiría siendo posible, pero ya no tendría el
mismo tratamiento tributario.
Eso puede parecer un cambio administrativo, pero en la práctica puede modificar fuertemente las decisiones de capacitación de muchas empresas.
Cuando se habla de la posible eliminación de la franquicia tributaria SENCE, muchas veces la discusión se concentra en una sola dimensión: cuánto recaudaría el Estado si las empresas dejan de descontar parte de sus gastos de capacitación de sus impuestos.
Esa mirada es importante, pero incompleta.
Detrás de la franquicia SENCE no existe solo un mecanismo tributario. Existe un ecosistema completo de trabajo, servicios, conocimientos, experiencia, instituciones y personas que durante años se han organizado en torno a la capacitación laboral en Chile.
Ese ecosistema no apareció de un día para otro. Se fue construyendo con normas, requisitos, procedimientos, plataformas, sistemas de gestión, experiencia técnica y relaciones entre empresas, organismos capacitadores, trabajadores y el Estado.
En la primera parte de esta serie revisamos qué es la franquicia tributaria SENCE, cómo funciona y por qué no debe confundirse con un descuento al sueldo de los trabajadores. Ahora corresponde mirar el otro lado del debate: por qué el Gobierno propone eliminarla.
Toda discusión seria debe partir reconociendo que el Estado tiene derecho y también el deber de revisar el uso de los recursos públicos. Una franquicia tributaria no es un subsidio directo, pero sí representa un menor ingreso fiscal. Es decir, cuando una empresa descuenta de sus impuestos un gasto en capacitación autorizado, el Estado deja de recaudar ese monto.
Desde esa perspectiva, el Gobierno observa la franquicia SENCE como un gasto tributario relevante. La lógica oficial es simple: si el sistema tiene alto costo fiscal, baja efectividad o espacios de mal uso, entonces corresponde revisarlo.
Ese argumento no debe ser descartado de plano. Ningún instrumento público puede
quedar fuera de evaluación. Si hay cursos que no generan impacto, si existen
prácticas administrativas que no agregan valor, si el beneficio se concentra en
ciertos grupos de empresas o si la capacitación no se traduce en mejores
competencias laborales, el sistema debe ser corregido.
En los últimos días se ha instalado con fuerza el debate sobre la posible eliminación de la franquicia tributaria SENCE.
Como ocurre muchas veces cuando se discuten temas tributarios y de capacitación, han aparecido interpretaciones correctas, dudas legítimas y también algunas confusiones que es importante aclarar.
Antes de discutir si la franquicia debe mantenerse, reformarse o eliminarse, lo primero es entender qué es realmente, cómo funciona y qué no significa.
La franquicia tributaria SENCE es un incentivo que permite a las empresas contribuyentes de Primera Categoría descontar de sus impuestos parte de los gastos realizados en capacitación autorizada. En términos simples: una empresa capacita a sus trabajadores, paga esa capacitación, y luego puede imputar ese gasto como crédito tributario, dentro de ciertos límites establecidos por la ley.
Tras la reciente firma de la Ley Miscelánea por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast, y su ingreso a una fase de tramitación avanzada, se abre un nuevo escenario para el sistema de capacitación laboral y el desarrollo del capital humano. En particular, la eliminación de la franquicia tributaria SENCE no constituye solo un ajuste al sistema, sino un cambio estructural de alto impacto, cuyas consecuencias deberán ser evaluadas con la mayor rigurosidad.
Hoy, la franquicia SENCE permite a las empresas destinar hasta un 1% de su planilla de remuneraciones a capacitación, movilizando cerca de US$300 millones anuales y beneficiando a más de un millón de trabajadores al año. Se trata, sin duda, del principal instrumento de formación continua en el país.
En Grupo OTEC creemos que eliminar este mecanismo no es una decisión menor. Es, potencialmente, uno de los errores más graves en política de capital humano de las últimas décadas. El impacto de una medida de este tipo no se reflejará únicamente en el presupuesto fiscal, sino en variables estructurales como la productividad, la competitividad, la empleabilidad y el crecimiento económico.
La reforma al sistema de capacitación laboral impulsada por el Gobierno esta semana recién pasada, marca un punto de inflexión para el ecosistema formativo en Chile. Entre sus principales medidas, se contempla la eventual eliminación de la franquicia tributaria SENCE, instrumento que hoy permite a las empresas destinar hasta un 1% de su planilla de remuneraciones a formación, y un mecanismo que por años ha estructurado la inversión en capacitación del país.
Actualmente, este mecanismo moviliza cerca de US$ 300 millones anuales, y permite capacitar a más de 1 millón de trabajadores al año en Chile.
Desde Grupo OTEC, advierten que los cambios podrían perjudicar tanto el desarrollo de las empresas, como el de los trabajadores y los organismos ejecutores.
“Si el Gobierno concreta la eliminación de la franquicia tributaria SENCE, no estaría haciendo una reforma, sino que podría estar cometiendo uno de los errores más graves en política de capital humano de las últimas décadas”, subraya Jaime Lira, Directivo de Grupo OTEC. “El impacto real no se verá reflejado en el presupuesto, sino en una menor productividad, menor competitividad, mayor brecha de habilidades y menor crecimiento económico. En este contexto, eliminar el principal instrumento de capacitación laboral es contradictorio a cualquier estrategia de desarrollo”.